19 Dic Histórico juicio contra el Estado por daño ambiental acumulado: Calama exige justicia ambiental

Conocida por ser el corazón de la minería en el norte de Chile, Calama también ha enfrentado durante décadas un problema crítico de contaminación atmosférica. La exposición constante a material particulado grueso (MP10) ha afectado la salud de sus habitantes, la calidad de vida y los ecosistemas locales, mientras las medidas estatales han sido consideradas insuficientes. 

En este contexto, más de 20 organizaciones ciudadanas y comunidades indígenas comenzaron ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta un juicio civil histórico contra el Estado de Chile, exigiendo responsabilidad por negligencia sistemática en la protección ambiental y el derecho a vivir en un entorno saludable.

Es así como la demanda, que ha tardado más de 16 años en gestarse, fue presentada por diversas asociaciones ciudadanas, comunidades indígenas y agrupaciones locales, con la Federación Nacional de Pobladores y Pobladoras de Chile (FENAPO) como parte querellante. Lidera la acción jurídica el abogado y dirigente de la FENAPO, Sergio Chamorro.

Antecedentes y acusaciones centrales

Calama fue declarada zona saturada por material particulado grueso (MP10) en 2009, lo que obliga legalmente al Estado a implementar un Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) efectivo. Sin embargo, los demandantes acusan a las autoridades de haber incurrido en una “falta de servicio inexcusable” por no desarrollar soluciones serias y obligatorias, a pesar de los altos registros de contaminación que afectan a la población local.

“La falla estructural del Estado radica en la omisión ilegal de sus deberes constitucionales y legales. Hemos vivido 16 años de abandono estatal en una zona estratégica para la economía nacional”, afirma Chamorro, abogado y dirigente de la FENAPO, al referirse a lo que considera un déficit institucional que ha profundizado el daño ambiental y sanitario. Chamorro también denuncia que el único intento de regulación falló de mala fe: se alteró la línea base de monitoreo, lo que permitió reclasificar artificialmente la zona y eludir obligaciones ambientales contundentes.

Audiencia de conciliación y testimonio

Entre el 5 y 7 de noviembre, el tribunal realizó la primera gran audiencia del proceso, en la que declararon 18 testigos entre expertos ambientales, médicos, funcionarios públicos y ciudadanos. Entre los argumentos técnicos presentados por los demandantes destacan los de Jorge Bermúdez, ex contralor general y abogado, quien señaló fallas estructurales en los planes de descontaminación existentes y manipulación de estaciones de monitoreo para mostrar resultados más favorables. Reinaldo Díaz, técnico ambiental, calificó las medidas aplicadas hasta ahora como equivalentes a “viejos planes de gestión” sin impacto real. Finalmente, Pía Cortés, directora de Salud de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama, expuso evidencia de cómo la exposición a MP agrava enfermedades respiratorias y cardiovasculares, demandando medidas sanitarias urgentes.

Por su parte, la defensa del Estado, representada por profesionales del Ministerio del Medio Ambiente y la Superintendencia del Medio Ambiente, aseguró que existen instrumentos en marcha para gestionar la calidad del aire, incluyendo normativas y estaciones de monitoreo que, según ellos, han generado avances.

Hasta diciembre de 2025, el juicio avanza hacia la fase de alegatos finales, y se ha confirmado que la parte demandante solicitó una inspección en terreno para que los magistrados puedan constatar directamente los daños ambientales y sus efectos sobre la población antes de emitir una resolución. Esta etapa es clave, ya que permitirá al tribunal evaluar la evidencia y definir con mayor claridad las responsabilidades del Estado.

Defensa estatal y controversias

Chamorro calificó las defensas del Estado como “desconcertantes” y centradas en minimizar la gravedad del problema. “Han llegado a sostener que la calidad del aire ha mejorado y que nuestros estándares de vida son comparables a los de Europa o la OCDE, lo que resulta ofensivo frente a la realidad respirada diariamente por los calameños”, dijo. 

También criticó que la defensa argumente que los tribunales ambientales no tienen competencia para exigir un plan de descontaminación, calificándolo como una mera política pública discrecional, cuando la normativa vigente obliga a proteger la salud de las personas.

Propuestas de las comunidades y próximas etapas

Las asociaciones demandantes han propuesto que el Tribunal ordene medidas concretas y exigibles de descontaminación y recuperación de salud pública, tras haber agotado la vía administrativa sin resultados positivos. “Nuestra solución hoy está en manos de la justicia. No esperamos buena voluntad: buscamos un fallo que imponga obligaciones claras y urgentes”, sostuvo Chamorro.

Entre las medidas que podrían ordenarse en un eventual fallo se cuentan la creación o actualización de un plan de descontaminación con plazos estrictos y metas claras; programas de recuperación ambiental y sanitaria; mayor fiscalización de emisiones industriales; sistemas de monitoreo continuo y alertas tempranas; y visitas inspectivas de los magistrados al territorio para constatar daños en terreno.

En lo inmediato, la parte demandante ha solicitado una inspección personal del tribunal en Calama antes de los alegatos finales, para reforzar la apreciación de la evidencia presentada.

Relevancia e impacto

Este juicio es visto como un precedente histórico en Chile, pues podría sentar bases para que otras comunidades afectadas por contaminación crónica —como Huasco, Coronel, Puchuncaví–Quintero o Andacollo— también exijan reparación estatal. Además, podría implicar responsabilidades formales del Estado por daño ambiental acumulado y la obligación de implementar medidas de mitigación de alto impacto, tanto en lo sanitario como en lo ambiental, lo que tendría implicancias legales, políticas y económicas de largo alcance.

El caso de Calama no solo refleja un conflicto local, sino también la necesidad de que el Estado asuma un rol efectivo en la protección ambiental y la salud de sus ciudadanos. Su desarrollo puede marcar un hito en la justicia ambiental chilena, estableciendo precedentes sobre cómo se deben abordar los daños crónicos y acumulativos derivados de la actividad industrial en comunidades vulnerables.