25 Mar La fórmula de minera Quiborax para saltarse reglas en Salar de Surire
El año 2018, Fundación Relaves, junto a Patagonia, estrenó el documental Lawqa, que relata la explotación minera de Bórax dentro del Monumento Natural Salar de Surire, por parte de la empresa Quiborax, junto con mostrar los relaves abandonados ubicados en la Reserva Nacional Las Vicuñas. Todo dentro de la gran zona Reserva de La Biósfera, Lauca.
La explotación minera ha seguido, y no sólo eso. Medios de comunicación como Mongabay Latam, Ciper y Ladera Sur, han informado recientemente las estrategias que ha aplicado la compañía minera para saltarse las reglas ambientales que debieran ser respetadas en el Salar de Surire.
“La Superintendencia de Medio Ambiente está investigando a la empresa minera Quiborax, luego que la Conaf la denunciara por intentar eludir la evaluación ambiental. La denuncia surgió luego de que Conaf determinó que la empresa estaba incumpliendo una serie de restricciones ambientales en el Salar de Surire, considerado Monumento Natural por ser una de los principales sitios en América del Sur para la reproducción de tres especies de flamenco”, indica un reportaje publicado hace algunas semanas en Ciper.
El DS 12 establece que no podrán realizarse actividades extractivas a menos de tres kilómetros de las zonas de reproducción de los flamencos. Foto: Diego Figueroa.
¿CORRUPCIÓN?
Sin embargo, lo que causa alerta -y repudio también- en las comunidades y organizaciones ambientales, es que el objetivo actual de Conaf es que la actividad de Quiborax en el Salar de Surire ingrese al Sistema de Evaluación Ambiental, para seguir su explotación minera. Esto lo explica muy bien la profunda investigación hecha por Mongabay Latam y Ciper, que indica que “tras el análisis de más de un millón de correos electrónicos enviados entre altos ejecutivos de la empresa -filtrados por la agrupación hacker Guacamaya- se señala que desde 2019 Quiborax comenzó una ofensiva para intentar relajar los límites a su explotación en los sitios regulados”.
En estos correos electrónicos, explica el reportaje, se puede leer que Quiborax, con la ayuda de la anterior administración de Conaf en Arica, a cargo de Héctor Peñaranda, buscó flexibilizar las restricciones establecidas en los permisos de tal manera que le fuera posible extraer mineral, al interior del Monumento, en zonas donde tenía prohibido acceder.
“Además, en los correos consta que Quiborax desembolsó recursos para comprar regalos a los funcionarios públicos de Conaf, la SMA, el Servicio de Evaluación Ambiental y Sernageomin. A Héctor Peñaranda, por ejemplo, estaban destinadas una botella de whisky y dos de champagne. Otros nueve funcionarios de la Conaf regional también aparecen en el listado para recibir regalos”.
Por tanto, cabe preguntarse: ¿estamos frente a un nuevo caso de corrupción en Chile? Esto porque en los correos que los ejecutivos de la empresa intercambiaron, el ex director regional de Conaf, Héctor Peñaranda, aparece como un personaje clave para intentar influir en la decisión del fiscal de Conaf y permitir la flexibilización del protocolo.
Es importante recordar que Quiborax logró la autorización para extraer ulexita en el Salar mediante dos decretos supremos emitidos en dictadura. El primero —Decreto Supremo (DS) 116, de 1978—, le dio permiso para explotar las pertenencias mineras [o concesiones] Santa Marta 1 al 245. Y un segundo DS 12, de 1989, que la autorizó a explotar las pertenencias Quiborax y Soquimbor. Ambos decretos llevan la firma de Augusto Pinochet. Destacar que esta zona está ubicada a 4.200 metros sobre el nivel del mar, en el altiplano de la región de Arica, y que Quiborax produce ácido bórico que exporta a más de 50 países para ser utilizado como fertilizante.
La comunidad indígena de la zona también tiene mucho que decir. Luis Mamani, cuya familia es propietaria de tierras en el sector de Guallatire, en los alrededores del salar, dice que “la empresa, si bien es cierto tienen derecho al lucro, tiene que respetar la normativa. Esta normativa ya en Chile es deficiente, y si las empresas no la respetan, peor todavía”.
Durante todo 2023, los ejecutivos de Quiborax estuvieron concentrados en impulsar un nuevo negocio relacionado con la explotación del Salar de Surire: el litio. Según consta en audiencias anotadas en el registro de lobby, sus ejecutivos se han reunido con la Subsecretaría de Minería y con la Comisión Chilena de Energía Nuclear. El proyecto consiste en obtener litio a partir de los ripios que resultan de la elaboración del ácido bórico.
La empresa buscó que los sitios de nidificación de los flamencos que no estuvieran siendo ocupados por las aves, se denominaran “sitios potenciales de reproducción”, y que allí las restricciones se relajaran. Foto: Diego Figueroa.
CASO DE CONTAMINACIÓN
Pero hay un aspecto muy importante a rescatar, que tiene que ver con la importación de relaves mineros tóxicos desde Suecia, instalados en el Cerro Chuño de Arica. La empresa que trajo los desechos mineros fue PROMEL, que luego se declaró en quiebra, sin resolver si mitigar el impacto ambiental y a la salud de las personas que trajo esta acción. ¿Qué tiene que ver esto con Quiborax? Bueno: entre las empresas chilenas Promel y Quiborax hay apellidos que se repiten: Fux y Fosk. De acuerdo a lo que se consigna en el Directorio Minero de Chile, David Fux, quien formara parte de la primera, hoy es gerente general de la segunda. Y al igual que en Promel, en Quirobax la familia Fosk ocupa distintos cargos: Allan Fosk es su presidente y gerente de administración y finanzas, y Moisés Fosk su director comercial. Es decir, detrás de ambas compañías están las mismas personas.
En este sentido, hace muy poco, Fundación Relaves conoció el caso de Isaias, un joven adolescente ariqueño de 15 años que -desde su gestación- está contaminado con polimetales, tras vivir gran parte de su vida en la zona de los relaves importados. Hoy, su padre busca desesperadamente reunir recursos para viajar a Europa a tratar a su hijo, que manifesta síntomas en su piel y órganos vitales. “Descubrimos que en Chile casi no hay médicos toxicólogos que traten enfermedades relacionadas con contaminación por metales pesados, por lo mismo, sólo nos queda la opción de tratarlo fuera del país”.
El caso de Isaías es uno de los cientos, ya que muchas son las personas que han sufrido graves daños a su salud por consecuencia del accionar de una empresa que nunca se ha hecho cargo de remediar esta situación. ¿Dónde queda la responsabilidad social empresarial minera?