27 May La polémica que ha generado la Reforma al SEIA: Cuestionamientos y críticas a propuesta de Ley de permisos sectoriales

Por Pía Vergara R., periodista de Fundación Relaves

Rechazo y críticas por parte del mundo ambiental y empresarial ha generado la reciente reforma al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en Chile. La reforma, promulgada mediante el Decreto Supremo N°30/2023 y publicada en el Diario Oficial, busca modernizar la evaluación ambiental, incorporando variables como el cambio climático y fortaleciendo la participación ciudadana, en línea con compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú y la Ley Marco de Cambio Climático. 

Durante la presentación de los proyectos de ley relacionados, el Presidente Gabriel Boric defendió la iniciativa asegurando: “Este proyecto incluye la modernización del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), imprescindible para prevenir los impactos ambientales, fortalecer la participación ciudadana y entregar seguridad a los inversionistas.”

CRÍTICAS

Es importante destacar que la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) ha expresado profundas críticas hacia la reforma al sistema de permisos sectoriales propuesta por el Gobierno.

Como primer punto fundamental, planteó que eliminar 14 PAS del reglamento, si bien puede parecer positivo a primera vista, “vulneraría el mandato legal respecto de proyectos que requieren ingresar al SEIA y que requieren de tales permisos sectoriales”.

Por otra parte, expuso que “al no existir una modificación a las normativas sectoriales que determinan la existencia de los permisos que el anteproyecto propone eliminar del SEIA, no se comprende la forma en que los aspectos ambientales de tal permiso (incluido la normativa sectorial que le sirve de base) serán abordados y su coherencia (o falta de coherencia) con lo resuelto en la evaluación ambiental del proyecto”.

La CPC también aseguró que la reforma que plantea el anteproyecto no sólo no contribuye a fortalecer el sistema de ventanilla única “sino que lo vulnera seriamente”, con un nuevo diseño que elimina permisos sectoriales del SEIA sin hacerse cargo de los efectos de tal eliminación.

Por su parte, más de 200 organizaciones socioambientales, movimientos territoriales y comunidades indígenas han expresado su rechazo a la reforma, argumentando que no aporta beneficios reales a la protección ambiental. En una carta pública, calificaron los cambios como una “motosierra ambiental”, aludiendo a un posible debilitamiento institucional y legal en favor de intereses productivos.

La Asamblea Ecologista de Chile, junto a la Red por la Defensa de los Territorios y la Fundación Terram, han sido enfáticas en advertir que la reforma podría permitir la aprobación de proyectos sin evaluaciones rigurosas, lo que pone en riesgo ecosistemas vulnerables y derechos fundamentales, especialmente en zonas rurales e indígenas. Y desde Chile Sustentable, sostuvieron que “la propuesta representa un retroceso, porque abre espacio a presiones político-económicas en procesos que deberían estar guiados por criterios técnicos y éticos”.

FAST TRACK

Lo que más llama la atención es que, tras las críticas, el Ministerio de Hacienda anunció -a través de su ministro Mario Marcel- un proyecto para acelerar proyectos de inversión en paralelo a la discusión por la “permisología”. 

“Con el ministro de Economía y la ministra de Minería hemos estado trabajando en una iniciativa que básicamente consistiría en un fast track para proyectos de inversión que estén suficientemente avanzados en su tramitación o suficientemente significativos en materia de sus dimensiones o su impacto sobre el medio ambiente”, adelantó el secretario de Estado a la prensa nacional.

Y en esa línea, nos preguntamos: ¿Cuáles serán los criterios para dar el fast track a estos proyectos? ¿Será que, a mayor impacto ambiental, menor regulación o acción preventiva? ¿Por qué algunos proyectos se pueden saltar la fila? 

QUÉ PASA CON LOS RELAVES MINEROS CON ESTA MODIFICACIÓN

Desde Fundación Relaves manifiestan su firme rechazo a la propuesta contenida en el proyecto que deroga el Artículo 135, el cual regula el permiso para la construcción y operación de depósitos de relaves dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). “Esta medida excluye completamente a los depósitos de relaves del SEIA, delegando su evaluación exclusivamente al SERNAGEOMIN, lo que representa un retroceso inaceptable en la institucionalidad ambiental”. 

Recordar que los relaves son infraestructuras de alto riesgo ambiental, sanitario y social. Y excluirlos del SEIA elimina la evaluación integral, interdisciplinaria y participativa, suprime la participación ciudadana formal y refuerza una lógica de fragmentación institucional en la fiscalización. “Además, la normativa vigente no contempla parámetros específicos sobre la estabilidad química de los relaves, como la generación de drenaje ácido o la movilidad de metales pesados. Sin estos criterios, la evaluación técnica se vuelve incompleta y los riesgos a largo plazo quedan invisibilizados”, explican.

A esto se suma que los permisos sectoriales para relaves no incorporan estándares vinculantes de calidad de agua definidos en los decretos supremos de la Dirección General de Aguas (DGA) y del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), “lo que debilita la protección de cuerpos de agua superficiales y subterráneos”, enfatizan desde Fundación Relaves.

Cabe destacar que el estándar Internacional para la Gestión de Relaves (GISTM) -adoptado por más de 200 empresas e inversionistas globales- exige no sólo evaluaciones integradas de riesgos físicos, químicos y sociales, sino también monitoreo ambiental permanente e independiente, transparencia, acceso a la información y participación de comunidades. “Y la propuesta en consulta no contempla ninguno de estos elementos, y más aún. SERNAGEOMIN no cuenta actualmente con las capacidades técnicas, presupuestarias ni legales para implementar y fiscalizar el estándar GISTM de manera efectiva”, comentan desde la fundación.

“La reforma propuesta hace del sistema de evaluación una herramienta más frágil y confusa, proponiendo medidas improvisadas y desesperadas, que no se condicen con la complejidad del asunto y los inmensos vacíos que crea, dejando la protección de nuestro territorio como última prioridad, al igual que la salud de sus habitantes”, finalizan.